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Título del Capítulo «La investigación en feminismo y comunicación en España: criterios de evaluación, asignación de recursos y proyectos»
Autoría: Teresa Vera Balanza; Inmaculada Postigo Gómez; Alejandra Hernández Ruiz
Cómo citar este Capítulo:Vera Balanza, T.; Postigo Gómez, I.; Hernández Ruiz, A. (2023): «La investigación en feminismo y comunicación en España: criterios de evaluación, asignación de recursos y proyectos». En Postigo Gómez, I.; Vera Balanza, T. (eds.), Investigación en comunicación y feminismo. Debates en torno a la producción, usos y trayectorias en el siglo XXI. Salamanca: Comunicación Social Ediciones y Publicaciones.
ISBN: 978-84-17600-65-5
d.o.i.: https://doi.org/10.52495/c1.emcs.16.cyg1
1. La investigación en feminismo y comunicación en España: criterios de evaluación, asignación de recursos y proyectos
Teresa Vera Balanza
Universidad de Málaga
Inmaculada Postigo Gómez
Universidad de Málaga
Alejandra Hernández Ruiz
Universidad de Alicante
La Estrategia del espacio europeo de Investigación plantea como objetivo para 2030 que la mitad de todo el personal científico en todas las disciplinas y los niveles sean mujeres. Como quiera que estamos ya próximas a la fecha límite, es tiempo de hacer balance y de ponernos en situación de observar los retos y los logros con los que afrontamos esta cuenta atrás. Pero también es momento de valorar el camino recorrido recordando que la autorización para que las mujeres españolas pudieran matricularse en las universidades públicas data de 1910, luego los resultados son, a la vez, el balance de un siglo y la agenda de futuro inmediato. Esta revisión tiene como propósito inventariar los progresos, pero, sobre todo, destacar los obstáculos que se sustantivan en el mantenimiento de sesgos, en la sobreexigencia, o en la normalización del doble curriculum para satisfacer ciertos cambios sin menoscabar los privilegios.
A mediados de los años setenta del siglo pasado, coincidiendo con los propios procesos de transición democrática, con la reorganización del movimiento feminista, y con las maneras de visibilización de los colectivos mediante su emergencia en el espacio público, los estudios de las mujeres en las universidades españolas iniciaron su andadura a partir de pequeños núcleos universitarios pioneros en torno a colectivos interdisciplinarios. Así, en el intervalo entre 1979 y 1982 se constituyen el Seminari d’Estudis de la Dona (UAB), los Seminarios de Estudios de la Mujer en la Autónoma de Madrid y en el País Vasco, y el Centre d’investigació Històrica de la Dona en la Universidad de Barcelona. No obstante, y pese a la anomalía democrática en España, los «Estudios de las Mujeres» (Women’s Studies) siguieron una trayectoria similar y casi coetánea en las universidades de América del Norte y Europa, donde, de la misma manera pero con circunstancias bien distintas, se proponía aplicar la perspectiva de género en todos los objetos de conocimiento, propiciando la construcción de una ciencia no androcéntrica (Ballarín Domingo; Gallego Méndez; Martínez Benlloch, 1995).
En clave nacional, todo ese primer periodo que abarca las décadas de los 80 y los 90 coincide con la incipiente y urgente democratización de la universidad española, con la modernización científica, y con la materialización de la conexión entre la universidad y la sociedad, especialmente sensible en el ámbito que nos ocupa, y donde se evidenciaba con meridiana claridad la función social de la universidad y los movimientos por los derechos de las mujeres como vanguardia política, social y cultural. Así, los grupos interdisciplinares fundados por investigadoras con conexiones incipientes con otros grupos nacionales e internacionales se legitiman científicamente, al menos, en los campos disciplinarios de las Humanidades y las Ciencias Sociales, e institucionalmente se respaldan con la creación del Instituto de la Mujer (1984). Los resultados de este periodo (Ortiz, 2005: 44) conciernen a la elaboración de un pensamiento teórico feminista que pasa, consecuentemente, por la crítica y la deconstrucción de las teorías filosóficas, políticas y científicas patriarcales, y la creación de un corpus científico en el que las mujeres se constituían como sujetos de estudio, especialmente en lo referido a asuntos emergentes como el empleo, el trabajo doméstico, la coeducación, la sexualidad y la reproducción, la familia, y el divorcio. Con todo, esta producción científica se realiza en paralelo a las líneas hegemónicas de la investigación, y subalternamente respecto a la docencia universitaria donde solo se agregan aportes extracurriculares, configurando lo que se vino a denominar el doble curriculum para representar la obligatoriedad de mantener una línea científica hegemónica y, al margen, la otra que se sustentaba sobre el compromiso político. En lo científico-académico, la situación era similar a la doble jornada: sin abandonar las tareas domésticas asignadas genéricamente, se desempeña la actividad laboral remunerada y externa.
A partir de los años 90, los grupos de Estudios de las Mujeres experimentan una cierta legitimación con la posibilidad de convertirse en Institutos Universitarios en el marco de la LRU, caminos que emprendieron la Autónoma de Madrid, Valencia y Granada; de igual forma se multiplican los seminarios y grupos de investigación en numerosas universidades —41 según el cómputo de Ortiz (2005: 46)— que mantienen una actividad regular en investigación, docencia y divulgación de los estudios de mujeres y de género. Articulándolos desde la dimensión científica-profesional, nacen la Asociación Universitaria de Estudios de las mujeres (AUDEM) y la Asociación Española de Investigación en Historia de las Mujeres (AEIHM) en 1991; se incrementa el número de Posgrados y Doctorados y el porcentaje de Tesis defendidas, si bien la docencia, siempre rezagada, queda limitada a algunas optativas en distintas licenciaturas.
El incremento de la producción científica, las traducciones de textos fundamentales y de la investigación europea y norteamericana, nutre las colecciones editoriales específicas, tanto en instituciones universitarias (Granada, Málaga, Oviedo, Cádiz, Autónoma de Madrid), como en las editoriales comerciales (Cátedra, Icaria, Narcea, Síntesis, entre otras) y en las revistas científicas especializadas: Duoda (1990), Asparkía (1992), Arenal (1994), Anuario de Hojas de Warmi (1994), Clepsydra (2001), Feminismo/s (2003). Los premios y ayudas a la investigación —Victoria Kent (1991), Mª Isidra de Guzmán (1992), Carmen de Burgos (1993), Ángeles Durán (2004), Presen Sáez de Descatllar (2005)...— respaldan e incentivan la investigación novel. En 1996 se instituye el Programa Sectorial de I+D de Estudios de las Mujeres y del Género como colofón a dos décadas continuadas de investigación al margen de los lineamientos hegemónicos.
También la Comisión Europea (CE), en idéntica sintonía, culmina el siglo XX exigiendo la representación equilibrada, así como la integración de la dimensión de género en el Marco Estratégico Común, y avanza el desarrollo de acciones y programas específicos. En 1999 la CE crea la Unidad de Mujeres y Ciencia y el Grupo de Helsinki para el conocimiento y el seguimiento de la participación de las mujeres en la carrera científica. Considerando que el 60% de las universitarias en España y en Europa son mujeres, el objetivo de las políticas científicas es no perder talento, calidad y excelencia en la ciencia. Complementariamente, el Informe ETAN Promoviendo la excelencia mediante la igualdad de género (2001) enuncia las medidas fundamentales:
La CE y también la política científica española siguen los mismos parámetros que el programa ADVANCE de la National Science Foundation (EEUU), consagrando la transversalidad como principio de acción política en materia de igualdad, y comprometiendo a la legislación, las políticas, los programas, los presupuestos, los planes y los proyectos (Sánchez de Madariaga; De la Rica Goiricelaya; Dolado Lobregad, 2011: 10). El actual Programa Marco de investigación e Innovación de la UE (2021-2027) Horizonte Europa da continuidad y propone reforzar la igualdad de género en la comunidad y en la estructura del Espacio Europeo de Investigación (ERA), incidiendo sobre tres aspectos fundamentales que se proponen como indicadores (European Commission, 2018):
En consonancia con el balance descrito, el panorama nacional sigue acusando diferencias tanto en la formación científica como en la carrera investigadora. Aunque aportamos datos más positivos respecto al número de investigadoras principales (35%) y de proyectos con integración de la variable sexo/género (20%) (Unidad de Mujeres y Ciencia, 2021: 92-93), las brechas salariales (Massó Lago; Golias Pérez; Nogueira Domínguez, 2021), los criterios de reconocimiento de la actividad científica (CNEAI, 2021), la distribución de los recursos y la financiación de los proyectos de investigación, lastran la consecución de resultados y dificultan que lleguemos a cumplir objetivos en la fecha señalada de 2030.
Consideramos que, en esta fase, más que abrir nuevas líneas de investigación, urge conocer las condiciones de producción de la ciencia en España, los obstáculos estructurales y los límites particulares que la investigación feminista y de género tiene en las Ciencias Sociales y en las de la Comunicación en particular. Situarnos en este punto facilitará, sin lugar a dudas, comenzar a imaginar estrategias para remover los obstáculos y evidencias empíricas que demuestren la existencia y la persistencia de sesgos de género en la evaluación científica y en el ejercicio de la evaluación del mérito, la capacidad y el desempeño profesional que detectaran Weneras y Wold (1997), que subrayaran Sánchez de Madariaga, De la Rica Goiricelaya y Dolado Lobregad (2011: 12) y que persiste en este 2022.
Metodología
El análisis que se realiza se sustenta sobre la revisión sistemática de la información pública sobre convocatorias, programas y planes de investigación, así como las resoluciones de dichas convocatorias, a fin de identificar, cuantificar e interpretar las brechas de género, los avances y retrocesos que permiten evaluar el impacto de género en la I+D+i, y orientar las actuaciones en favor de la igualdad efectiva en la construcción del conocimiento científico.
De igual manera, se han sistematizado los resultados sobre la evaluación de los resultados científicos tanto en su dimensión investigadora como en la de transferencia como evidencias de los sesgos de género, y como indicadores de la brecha salarial general (Massó Lago; Golias Pérez; Nogueira Domínguez, 2021: 67 y ss) para España y también en el espacio europeo (EIGE, 2019), que señalan que, si bien en relación con el salario base no hay diferencias significativas, sí que se producen respecto a los complementos salariales que constituyen el 16,7% (Massó Lago; Golias Pérez; Nogueira Domínguez, 2021: 3) de media de la masa salarial dificultando la continuidad, progresión y consolidación de la carrera profesional de mujeres y hombres en universidades y centros de investigación.
La revisión realizada es de tipo descriptivo, se realizó una estrategia de búsqueda a través de la Agencia Estatal de Investigación, Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Universidades, la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) dependiente de la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad de la Actividad Científica (ANECA), especialmente los informes realizados sobre la evaluación de la actividad investigadora desagregados por sexo. Así, se han seleccionado los documentos y se han completado con la búsqueda, lectura y rastreo de la información emanada de los documentos de referencia.
La inclusión de la perspectiva de género en la política de investigación, desarrollo e innovación en España
En la exposición de motivos de la ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica se llama la atención sobre la escasa contribución española al progreso científico y tecnológico, provocada, entre otros «males», por la insuficiente dotación de recursos y la desordenada coordinación y gestión de los programas investigadores. Así, dado el nexo entre la investigación y el desarrollo socio-económico, y en cumplimiento del artículo 149, 1.15 de la Constitución, para el fomento y la coordinación general de la investigación científica y técnica, se establece el Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.
Con relación a las cuestiones de género, y como apunta Saldaña (2019), es en el III Plan Nacional de I+D (1996-1999) cuando, fruto de un Convenio de Colaboración entre el Instituto de la Mujer y la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, surge el Programa Sectorial de Estudios de las Mujeres y del Género y, con ello, la incorporación de la agenda de género en el marco de la política científica nacional. Pese al importante avance que este Programa Sectorial representa para la promoción de estos estudios, la tasa de éxito de los proyectos concedidos en este programa oscila entre el 37,3% de 1997 y el 45,3% de 1998.
En la misma línea, siguiendo a Saldaña (2019), en el IV Plan Nacional de I+D+i (2000-2003), la tasa de éxito de los proyectos concedidos en la Acción Estratégica de Fomento de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres fluctúa entre el 25,3% de 2003 y el 37,8% de 2002. Con peores resultados se presenta el balance de los proyectos concedidos en esta Acción Estratégica en el V Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2004-2007). Así, la tasa de éxito varía entre el 13% de 2004 y el 25,8% de 2007.
Por su parte, en 2007, se adopta, por primera vez, una Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología (ENCYT) con indicadores y líneas generales de actuación comunes, con el objetivo de servir como elemento básico para la coordinación de las políticas de I+D+i entre administraciones. En concreto, la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología (2007-2015) actúa como marco de referencia plurianual y establece tres principios básicos que deben guiar todas las actividades de I+D e innovación tecnológica y, por tanto, las susceptibles de financiación por el correspondiente Plan Nacional. Uno de estos objetivos pone el foco de atención sobre la necesidad de poner la I+D+i al servicio de la ciudadanía, del bienestar social, y de un desarrollo sostenible, con plena e igual incorporación de la mujer (Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, 2007).
El carácter transversal del principio de igualdad y la perspectiva de género, reconocido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, debe impregnar la actuación de todos los poderes públicos. En este sentido, y dada la inclusión de la igualdad de las mujeres en la ENCYT, en el VI Plan Nacional de I+D+i (2008-2011), se promueve la realización de estudios sobre el significado y el alcance de la igualdad entre mujeres y hombres, la elaboración de informes desagregados por sexo sobre el impacto y los resultados de las actividades financiadas en el marco de este Plan, así como la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y comisiones de valoración (Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, 2007). Desde 2009, en la estructura de áreas científico-técnicas de la Agencia Estatal de Investigación se incluye una subárea específica (FEM), dentro del área de Ciencias Sociales, para la evaluación y financiación de proyectos de investigación sobre Estudios Feministas, de las Mujeres y de Género (Grupo Estratégico de Igualdad de Género de la AEI, 2021).
La tasa de éxito de los proyectos concedidos en el Programa de Estudios de las Mujeres, Feministas y del Género (Proyectos FEM) en el período 2009-2012 se sitúa en un 35,8%, lo que supone una diferencia de 18 puntos porcentuales con relación a la tasa de éxito (54,1%) del total de los proyectos presentados al Plan Nacional de I+D+i. Con relación al importe concedido, respecto al importe solicitado, los proyectos presentados a la subárea FEM obtienen el 13,3%, mientras que el total de los proyectos presentados al Plan Nacional de I+D+i alcanzan el 36,5% (Unidad de Mujeres y Ciencia, 2014).
Tal y como se recoge en el preámbulo de la ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, la incorporación del enfoque de género con carácter transversal se considera como una de las medidas necesarias para el desarrollo de una «Ciencia del siglo XXI». Así, en la Disposición adicional decimotercera, entre otras medidas, se fomenta la inclusión de la perspectiva de género en la investigación y la tecnología, en todas las fases del proceso, desde la definición de prioridades de la investigación científico-técnica a las conclusiones y propuestas para estudios futuros. Al mismo tiempo, se promueven los estudios de género y de las mujeres, así como las medidas necesarias para incentivar y reconocer la presencia de mujeres en los equipos de investigación.
La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (2013-2020), como instrumento marco que establece los objetivos a alcanzar para el fomento y desarrollo de las actividades de I+D+i en España, incluye la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas de I+D+i como uno de los cinco principios clave de este marco estratégico. Así, entre sus objetivos generales se incluye la orientación de las actividades de I+D+i para dar respuesta a los retos globales de la sociedad española en torno a ocho grandes áreas. En este sentido, la investigación con enfoque de género debe tener un carácter transversal y debe incorporarse en el desarrollo de la investigación científico-técnica y de las innovaciones orientadas a la búsqueda de soluciones en todos los retos de la sociedad (Ministerio de Economía y Competitividad, Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación, 2013-2016).
En la convocatoria de proyectos en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), la tasa de éxito del Programa FEM para el período 2013-2014 supone el 20%, en contraposición al 40% obtenido en el total de las propuestas presentadas. Con relación al importe concedido respecto al importe solicitado, los proyectos del Programa FEM obtienen tan solo un 6%, mientras que el total de las propuestas alcanzan una financiación del 36%. Los datos desagregados por sexo y áreas de conocimiento muestran que, en Ciencias Sociales, la tasa de éxito para las mujeres supone el 39% en 2013 y el 35% en 2014 (Unidad de Mujeres y Ciencia, 2016).
Por su parte, en la convocatoria de proyectos I+D+i, en el período 2015-2016, la tasa de éxito del Programa FEM representa el 29%, en contraposición al 45% del total de las propuestas presentadas. Con relación al importe concedido respecto al importe solicitado, los proyectos del Programa FEM logran tan solo un 11%, mientras que el total de las propuestas consiguen una financiación del 28%. Los datos desagregados por sexo y áreas de conocimiento muestran que, en Ciencias Sociales, la tasa de éxito para las mujeres supone el 42% en 2015 y el 40% en 2016 (Unidad de Mujeres y Ciencia, 2018).
En línea con los objetivos establecidos en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (2013-2020), uno de los objetivos del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020) es la promoción de un modelo de I+D+i abierto y responsable apoyado en la participación de la sociedad. Para ello, se precisa la inclusión de la dimensión de género en las actividades de I+D+i financiadas, así como la aplicación de criterios de paridad en las distintas comisiones y comités del Plan Estatal.
En 2019, se presentaron 27 solicitudes a la subárea temática de Estudios de las Mujeres, Feministas y del Género, de las que se aprobaron 8 (todas ellas con mujeres como Investigadoras Principales). A diferencia de los informes precedentes, los resultados relativos a las tasas de éxito y los importes concedidos en el Programa FEM se comparan con los obtenidos en el área de Ciencias Sociales. Así, en 2018, la tasa de éxito del programa FEM se sitúa en el 24,1%, mientras que, en Ciencias Sociales, se obtiene un valor de 40,8%. Respecto a los importes concedidos, en 2018, en el Programa FEM se obtiene el 14,3% y, en Ciencias Sociales, el 18,4%. Por su parte, en 2019, la tasa de éxito en el Programa FEM es del 29,6%, en contraposición al 41,3% de Ciencias Sociales. Con relación a los importes concedidos, en el Programa FEM, en 2019, se obtiene el 16,9% frente al 25,2% de Ciencias Sociales (Unidad de Mujeres y Ciencia, 2021).
Finalmente, en el marco de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología e Innovación (2021-2027), uno de los principios básicos del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (PEICTI) 2021-2023 es la inclusión de la perspectiva de género en las actividades de I+D+i (Ministerio de Ciencia e Innovación, 2021). En este sentido, el Grupo Estratégico de Igualdad de Género de la Agencia Estatal de Investigación ha puesto en marcha el I Plan de Igualdad de Género (2021-2023) para las actividades de financiación de I+D+i. Entre otras medidas, se contempla la necesidad de impulsar un contenido más inclusivo con relación a la perspectiva de género en las propuestas científico-técnicas mediante la incorporación de las variables de sexo y de género. Así, uno de los cinco grandes ámbitos de actuación que se ha previsto en este Plan de Igualdad contempla la perspectiva de género en el contenido de la I+D+i como factor de calidad.
La progresión y relevancia de la carrera científica. Los sexenios y el techo del talento
No podemos obviar en el reconocimiento de la carrera investigadora, no solo la visibilidad de las mujeres en tanto en cuanto voces reconocidas y referentes en sus ámbitos de conocimiento, sino también con relación a la posición que ocupan. Son conocidas las cifras de las desigualdades existentes en lo que se refiere a las figuras contractuales (puesto que ocupan), y que conlleva en cascada una menor presencia y desigualdades en el resto de aspectos (desigualdad vertical): el salarial (a menor figura, menor salario), el de la estabilidad (predominancia en las figuras no indefinidas), liderazgo en proyectos y en otras estructuras académicas (las jerarquías siguen estando establecidas, en buena parte, en función de la relación contractual).
Una de las bases sobre la que descansa esta catalogación de méritos es la que tiene que ver con los tramos de investigación/transferencia reconocidos, denominados sexenios por el cómputo de resultados en clave temporal y acumulativa. Centrándonos en los sexenios de investigación, si bien en los últimos años se ha insistido en la publicidad y transparencia de los criterios establecidos, el nivel de positividad (tasa de éxito), según el informe de la CNEAI de 25 de septiembre de 2020, se contabiliza un punto porcentual por encima de los varones respecto de las mujeres. Pero este dato que puede parecer alentador o escasamente significativo, hay que matizarlo en su puesta en relación con el número de solicitudes presentadas: 415 solicitudes realizadas por hombres, y 296 realizadas por mujeres. Este segundo dato es indicativo de una previa autocensura, limitación de las investigadoras a la hora de someter la solicitud de evaluación de su trayecto investigador, por lo que deberíamos preguntarnos a qué responde. La respuesta es multifactorial. Asimismo, y dado que los criterios de evaluación en cuanto a requisitos varían en función del área de conocimiento, hay que poner el acento en que, a pesar de la incorporación de la subárea específica FEM (Estudios Feministas, de las Mujeres y de Género), los criterios que en ella se establecen para la valoración positiva son más exigentes que los de otras subáreas del mismo campo de evaluación: dentro de la comisión C7 y del campo 7.1. que evalúa las Ciencias Sociales, Políticas, del Comportamiento y de Estudios de Género, y a modo orientativo se indica que para el caso de los méritos presentados bajo la subárea FEM, se requerirán que al menos cuatro de las cinco aportaciones sean artículos publicados en revistas incluidas en los listados por ámbitos científicos del Journal Citation Reports (JCR), Social Sciences Edition y Science Edition, o (sin que necesariamente se valoren por igual), publicados en revistas situadas en posiciones relevantes de los listados de Scimago Journal Rank (Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación); en cambio, si la solicitud dentro del mismo campo se presenta por las áreas de Sociología, de Ciencia Política y de la Administración, y de la Comunicación, lo requerido se rebaja a que sean dos de las cinco aportaciones las que cumplan el requisito mencionado. Con ello observamos que se produce una doble discriminación, la derivada de que en el campo FEM quienes más investigan son las mujeres y por tanto es en esa línea en la que presentan sus trabajos, y la que deriva sobre la discriminación hacia el propio campo como objeto de estudio que es penalizado en cuanto a la sobreexigencia en su valoración. La Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género ha calificado esta decisión de maltrato, «por no crear un área propia evaluable, por ponerles una exigencia más alta a la hora de reconocer estas investigaciones y por impedir a la gente especializada en esto no poder avanzar en la carrera» (Sánchez, 2020).
En cuanto a los resultados de la convocatoria piloto de 2018 de los sexenios de transferencia del conocimiento a la sociedad, el balance ha sido ciertamente desalentador. Según el informe de la propia agencia (ANECA, 2021) mientras que para los hombres la tasa de éxito ha alcanzado el 65,47, en el caso de las mujeres se ha quedado en un 34,53, a lo que hay que añadir —al igual que cuando analizábamos en el párrafo anterior los sexenios de investigación— que las solicitudes han sido presentadas casi por el doble de investigadores que de investigadoras: 10.993 frente a 5.978, respectivamente. Las causas de estos resultados se deben a múltiples factores. Algunos ya se han mencionado en párrafos anteriores, por lo que no nos detendremos en ellos. En líneas generales, la propuesta del modelo se basó en un concepto masculinizado de la definición de transferencia, ligado mayoritariamente al ámbito tecnológico y privativo y con resultados de valor exclusivamente económico, siendo las patentes su modelo de referencia. Han resultado escasamente valorados los aspectos que tienen que ver con la transferencia con valor social, mediante acciones ligadas a la cooperación con organizaciones de la sociedad civil, realizadas sin ánimo de lucro y, por tanto, no formalizadas mediante contratos, patentes u otras evidencias, y que son las que desarrollan mayoritariamente las investigadoras en el ámbito de las ciencias sociales: no es que en el modelo no existiera el concepto de transferencia de valor social, sino que para evaluarlo se tuvieron en consideración indicadores que no daban cuenta del impacto social, sino de la relación/vinculación y de la remuneración con la contraparte mediante contratos de uso, desarrollo y aplicación.
Es por tanto no solo el modelo planteado el origen del problema, sino también la interpretación de los propios criterios, tal como señala la propia agencia en su informe:
Se dio un desequilibrio entre criterios, de modo que mientras unos quedaron muy claros o más establecidos, otros resultaban muy complejos o menos claros y, por tanto, más abiertos a la interpretación subjetiva. (…) cuanto más cerrados y objetivables los criterios, mayor será el nivel de transparencia en la evaluación, pero, por otro lado, un cierto margen de discrecionalidad en la evaluación favorece una interpretación más holística y global de los méritos de la persona solicitante, lo cual resulta beneficioso en las aportaciones de componente más social, mayoritarias entre las mujeres (ANECA, 2021: 8).
En esa línea, y sin que ello pueda ser considerado como falta de transparencia o discrecionalidad, hay que buscar una relación equilibrada entre criterios cerrados y abiertos, donde mediante una interpretación regida por directrices comunes, se puedan evitar los sesgos de género. Asimismo, y dado que cada campo tiene modos de acción y tradiciones científicas diferentes, hay que reflexionar sobre el concepto de lo que se considera transferencia en cada uno de ellos, y adaptar los criterios en cada caso, al igual que ocurre en otro tipo de evaluaciones. Ejemplificándolo en el campo de las Ciencias Sociales, hay que insistir en que la transferencia, de forma mayoritaria, se lleva a cabo con instituciones públicas, asociaciones no lucrativas, cooperativas, movimientos sociales, donde lo habitual es que no haya contraprestación económica, o si la hay, es en ínfima cuantía; donde la colaboración no se establece en términos mercantiles o contractuales sino como espacios de interés mutuo en la aplicación de modelos, de intervención social, pilotajes o testeos, empresas o entidades interesadas en los resultados. Pero en ese sentido, también hay que establecer marcos generales aplicables a todos los campos, en la línea de la consideración del valor social de la transferencia, vinculados a la función de la universidad como servicio público de transformación y construcción de sociedades justas y de ciudadanía crítica en torno a valores éticos y democráticos, no únicamente con cuestiones ligadas a rendimientos económicos privativos.
El problema no son solo las cifras en relación con los resultados obtenidos en las valoraciones, sino lo que ello supone para el sistema de investigación científica que permite la permanencia de una estructura asentada bajo desigualdades de género y, además, lo perpetúa sosteniéndolo. El mantenimiento de estos procesos de evaluación repercute directamente en la brecha salarial incidiendo en los complementos salariales, pero además sitúan en inferioridad a las mujeres en la carrera científica en una suerte de autolimitación que reproduce los estereotipos y las relaciones de poder de género vinculados a la excelencia masculina nutriendo un imaginario que favorece la disuasión de las investigadoras de todos estos procesos competitivos, lo que intensifica la brecha en el sentido de la distribución del talento y el liderazgo de equipos.
Horizonte y retos para 2030
El balance que hemos presentado se sustenta en cuatro conclusiones que nos impelen a la reflexión y, consecuentemente, a la acción.
Sobre la brecha de género en los proyectos de investigación y en la oportunidad de acceso a la financiación pública de la investigación a través de las propuestas que se presentan a las distintas convocatorias de ayudas del Plan Estatal, se siguen observando diferencias a favor de los hombres en las tasas de éxito: especialmente en el acceso al conjunto de las ayudas a proyectos de I+D+i, con 7 puntos porcentuales más para los Investigadores Principales (49%) que para las Investigadoras Principales (42%) en la convocatoria de 2016, donde ellas representan el 35% de las y los Investigadores Principales (IPs) en las ayudas solicitadas, pero solo el 32% en las concedidas. Cuando se atiende a la proporción de mujeres participantes en el total de equipos solicitantes y receptores de estas ayudas a proyectos, las brechas disminuyen, pues ellas están en el 45% de las ayudas solicitadas y en el 44% de las concedidas. Que las mujeres estén más representadas como participantes de los equipos que como IPs de proyectos es una muestra de la segregación vertical de género también en la conformación de estos equipos. Por otro lado, las únicas áreas científico‐tecnológicas en las que hay cierto equilibrio de género en la proporción de IPs, tanto en ayudas solicitadas como concedidas, son las de Humanidades y Ciencias Sociales, donde las IPs mujeres representan el 41‐46% de estas ayudas porque también son los campos disciplinarios más feminizados; mientras que el área con mayor infrarrepresentación de mujeres IPs es en Ingeniería y Tecnología con un 25% de mujeres tanto en ayudas solicitadas como en concedidas, porcentaje que evidencia una mejor relación de la tasa de éxito.
En cuanto a la agenda científica, hemos observado, dos situaciones:
1) En los proyectos de I+D+i hay una tasa de positividad de un 7% mayor si el IP es varón. Así, la tasa de éxito, esto es, la proporción de ayudas concedidas sobre el total de solicitadas, es del 49% para los Investigadores Principales y es del 42% para las Investigadoras Principales. Sin embargo, cuando se atiende a la proporción de mujeres sobre el total de participantes que componen los equipos solicitantes y receptores de estas ayudas a proyectos, las brechas disminuyen, pues ellas están en el 45% de las ayudas solicitadas y en el 44% de las concedidas: que las mujeres sean participantes de los equipos de investigación y no tanto investigadoras principales es la muestra de la segregación vertical en la conformación de estos equipos.
2) En cuanto a los proyectos específicos del Programa FEM, Estudios Feministas, de la Mujer y de Género, se ha mejorado la tasa de éxito y también el importe proporcional de financiación concedida respecto al total. Y aunque esta tasa y proporción siguen estando por debajo de las correspondientes al total de las propuestas de proyectos presentadas en el mismo periodo, la tendencia apunta hacia una armonización.
En lo referido a las mujeres como objeto de estudio, es preciso reflexionar acerca de la perspectiva de la transversalidad de género en cualquier investigación. Sin duda se ha avanzado incluyendo en las convocatorias para que se explicite la adecuación a la perspectiva de género en el contenido y en el impacto socioeconómico de los proyectos (AEI, 2021: 6), y en la composición de los equipos y en la difusión y transferencia de resultados (AVAP, 2020). Entendemos que la inclusión de criterios ha de estar precedida por la formación en metodologías de investigación con perspectiva de género de los y las evaluadoras a fin de asegurar el rigor en su formulación y aplicación y evitar los sesgos. Según consta en el I Plan de Igualdad de la AEI (2021-2023) desde 2019, se organiza un curso anual de formación sobre igualdad de género para todo su personal; consideramos que quienes evalúan requieren también esta formación previa antes de pronunciarse sobre estas cuestiones.
Por último, y en lo concerniente a la valoración y progreso de la carrera investigadora concretado en el reconocimiento de sexenios, es preciso analizar la razón por la que hay menos solicitudes de mujeres en comparación con la participación en el campo científico. Siendo las Ciencias Sociales el área más feminizada (62% investigadoras en categorías A y B) es también la más numerosa, luego se intensifica la competencia interna. Las solicitudes de investigadoras en el campo 7 y para las figuras que pueden optar a solicitarlo es del 54%. Pese a la reducción las tasas de éxito son positivas, lo que confirma que las investigadoras que someten su producción a evaluación no solo cumplen, sino que superan los estándares (Científicas en cifras, 2021: 124). En el caso del sexenio de transferencia, como se ha explicitado, la significativa diferencia entre las tasas de éxito de investigadoras e investigadores ha sido de 34 y del 41% respectivamente, si bien presenta el porcentaje más alto de entre todos los campos científicos (Científicas en cifras, 2021: 126).
En síntesis, el horizonte 2030 nos sitúa en una dinámica de progreso ralentizado lastrado por situaciones de desigualdad que exigen acción y decisión para equiparar, para evitar la pérdida de talento y para asegurar una Ciencia para el siglo XXI: inclusiva, responsable, compartida y comprometida, que facilite la carrera investigadora y que mejore la vida de las personas.
Referencias bibliográficas
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Weneras, Ch.; Wold, A. (1997): «Nepotism and sexism in peer-review», Nature, vol. 387, pp. 341-343.