Narrativas digitales contra la desinformación.

Verificación de datos y alfabetización en la sociedad de la información (2023)

 

 

Título del Capítulo: «La verificación de datos como herramienta en la lucha contra la desinformación: la labor de los fact-checkers»

Autoría: María Isabel Míguez-González

Cómo citar este Capítulo:Míguez-González, M.I. (2023): «La verificación de datos como herramienta en la lucha contra la desinformación: la labor de los fact-checkers». En Míguez-González, M.I.; Dafonte-Gómez, A. (coords.), Narrativas digitales contra la desinformación. Verificación de datos y alfabetización en la sociedad de la información. Salamanca: Comunicación Social Ediciones y Publicaciones.

ISBN: 978-84-17600-85-3

d.o.i.: https://doi.org/10.52495/c2.emcs.19.p105

 

 

2. La verificación de datos como herramienta en la lucha contra la desinformación: la labor de los fact-checkers


 

María Isabel Míguez González

 

Universidade de Vigo

 

Introducción

 

Un fact-checker o verificador de datos podría definirse como una persona o equipo que se dedica a comprobar la veracidad de informaciones o contenidos publicados en medios de comunicación o difundidos a través de Internet. El objetivo de la verificación debe ser, según Elizabeth (2014), investigar hechos o declaraciones publicadas o realizadas por políticos u otras personas o medios que tengan impacto en la vida de otros individuos, al margen de intereses partidistas, para proporcionar información clara, examinada rigurosamente por profesionales, que ayude a los receptores a tomar decisiones plenamente conscientes. Esto incluye desmentir noticias falsas o engañosas y asegurar que la información que se difunde sea precisa y fiable.

De este modo, los fact-checkers funcionan como una nueva institución democrática cuya finalidad es promover la verdad en el discurso público (Graves; Cherubini, 2016). Con su actividad contribuyen a mejorar la transparencia y responsabilidad de los medios de comunicación, aumentando la confianza del público en las noticias, y mediante la modificación de percepciones erróneas (Hameleers, 2019; Wood; Porter, 2019) ayudan a generar una opinión pública bien informada. Así, los fact-checkers colaboran con la alfabetización de usuarios y periodistas (Portugal; Aguaded, 2020) y se convierten en un ejemplo de competencia mediática frente a la desinformación (Lotero-Echeverri et al., 2018) como uno de los desafíos que plantea la desinformación en la era de Internet, por sus riesgos para el sistema político, la toma de decisiones y también para la reputación de empresas y ciudadanos. Presenta aquí una revisión sobre el tema de la competencia mediática y de la desinformación, como reto del periodismo digital. Se analiza el caso de colombiacheck.com, una plataforma de una asociación de periodistas que es pionera en Colombia en la línea de trabajo del periodismo de chequeo de hechos (fact checking).

Para Amazeen (2020), además de educar al público y perfeccionar las prácticas periodísticas, la verificación de datos busca mejorar, específicamente, el comportamiento político. En este sentido, varios expertos coinciden en apuntar la capacidad de los fact-checkers para frenar o restringir la mentira en este ámbito (Haigh et al., 2018; Nyhan; Reifler, 2015; Young et al., 2018). De hecho, la política es uno de los focos a los que los fact-checkers prestan especial atención (Míguez-González; Dafonte-Gómez, 2022) y guarda especial relación con la proliferación de las iniciativas de verificación de datos.

 

1. Cuándo, dónde y por qué surgen los fact-checkers

 

Tal y como destacan Elizabeth (2014) o Guallar et al. (2020) la verificación de hechos es una tarea que los periodistas desarrollan de forma habitual en el ejercicio de su profesión, tanto para evitar que sus informaciones contengan imprecisiones y para garantizar una información fiable, independiente y de calidad, como para rebatir contenidos publicados por otras fuentes. Sin embargo, el fact-checking, entendido como una actividad en sí misma, centrada en demostrar la veracidad o inexactitud de afirmaciones realizadas por terceras personas o contenidos publicados por diversas fuentes, es relativamente reciente.

Según Amazeen (2020), a lo largo del siglo XX diversos periodistas de investigación decidieron poner en marcha sus propias publicaciones para luchar contra la desinformación, especialmente de tipo político. En la década de 1990 este tipo de desinformación comenzó a despertar especial interés y en el año 2003 el Annenberg Public Policy Center de la Universidad de Pensilvania fundó Factchecker.org, una entidad sin ánimo de lucro reconocida en la actualidad como una de las principales organizaciones de verificación de datos en Estados Unidos. Graves y Cherubini (2016) destacan que estas primeras organizaciones dedicadas a evaluar publicamente la veracidad de las afirmaciones de los políticos sentaron las bases de lo que se convertiría en una actividad habitual en los principales medios de comunicación del país.

De hecho, en el caso europeo, las primeras iniciativas de verificación nacieron vinculadas a estructuras mediáticas ya existentes. En 2005, Channel 4 News lanzó en Reino Unido un blog para cubrir unas elecciones parlamentarias que puede ser considerado el primer ejemplo de fact-checker en Europa. En 2008 surgieron iniciativas similares en Francia y Países Bajos y a finales de 2010 había fact-checkers activos en 10 países europeos (Graves; Cherubini, 2016).

Desde ese año 2010, en el que nace en Argentina la plataforma Chequeado (Guallar et al., 2020), primera iniciativa de fact-checking en español (Vázquez-Herrero et al., 2019), las prácticas de verificación de datos se han extendido a numerosos países de todo el mundo. Según Amazeen (2020), el grado de gobernabilidad democrática, la accesibilidad a Internet y la libertad de prensa favorecen el surgimiento de los fact-checkers, pero incluso en países con democracias dudosas han surgido iniciativas de este tipo; así, la verificación de hechos puede entenderse no sólo como el resultado de una cultura democrática saludable, sino también como una herramienta de construcción de la democracia que surge donde las instituciones democráticas se perciben como débiles o están bajo amenaza (Amazeen, 2020).

Autores como Guallar et al. (2020), Hameleers; Van der Meer (2020) o Vázquez-Herrero et al. (2019) destacan, asimismo, cómo proliferaron las iniciativas de fact-checking político ante las elecciones de 2016 en Estados Unidos. Según Hameleers y Van der Meer (2020), en un momento en que la falta de honestidad en la comunicación política se convirtió en una gran preocupación dentro del debate público y la aparición de sitios webs creíbles pero falsos propició la difusión descontrolada de desinformación, los verificadores de hechos se presentaron como una solución para contrarrestar las percepciones erróneas y superar la polarización.

España no fue ajena a este proceso. En enero de 2018 la periodista Ana Pastor creó Newtral, startup de la que es la única accionista. Ese mismo año, los también periodistas Clara Jiménez y Julio Montes fundaron la Asociación Maldita contra la desinformación: periodismo, educación, investigación y datos en nuevos formatos, más conocida como Maldita.es, heredera de la cuenta de Twitter Maldita Hemeroteca que habían puesto en marcha en 2013 con la finalidad de desmentir informaciones de tipo político. Y en 2019 la agencia EFE lanzó su propio servicio de verificación de datos, EFE Verifica.

Aunque es difícil determinar el número exacto de fact-checkers que existen en el mundo, el Duke Reporter’s Lab, una entidad de investigación sin ánimo de lucro fundada en 2005 para mejorar la verificación de hechos y el periodismo de datos, dispone de una base de datos bastante exhaustiva que permite apreciar cómo se ha incrementado el número de iniciativas en los últimos años, llegando a registrar a finales de 2022 la cifra de 382 verificadores activos (Duke Reporters’ Lab, s.f.).

Muchas de estas entidades forman parte de la International Fact-Checking Network (IFCN), otra organización sin ánimo de lucro dedicada a promover la verificación de datos y a mejorar el estándar ético y profesional de los fact-checkers. Fundada en 2015, en la actualidad cuenta con más de 200 miembros de más de 65 países. Todas las organizaciones que forman parte de la IFCN son sometidas periódicamente a un proceso de verificación en el que se comprueba su cumplimiento de los principios éticos y profesionales establecidos en el Code of Principles, que garantizan, entre otras cuestiones, la imparcialidad en su labor (Míguez-González et al., 2021).

 

2. ¿Son todos los fact-checkers iguales?

 

Entre todos los verificadores de datos que existen en el mundo existe una gran diversidad. Atendiendo a su origen y modo de financiación, podríamos identificar tres tipos de fact-checkers: los fact-checkers que dependen de medios de comunicación o agencias de noticias, como EFE Verifica; los que han sido creados por alguna organización de la sociedad civil, sobre todo organizaciones sin ánimo de lucro, como Colombia Check, o instituciones académicas, como Factcheck.org; y los que funcionan como empresas independientes, como Newtral. Según el estudio realizado por Dafonte-Gómez, Míguez-González y Ramahí-García (2022), de los fact-checkers que formaban parte de la IFCN en 2020, un 37,5% estaban constituidos como organizaciones sin ánimo de lucro o vinculados a entidades de este tipo, un 36,5% pertenecía a medios de comunicación o agencias de noticias, un 23,1% era o dependía de empresas privadas ajenas al mundo de la comunicación y un 2,9% surgió a partir de iniciativas académicas.

En función de su alcance geográfico, podríamos diferenciar los fact-checkers locales o regionales, que trabajan, sobre todo, con la verificación de contenidos de proximidad, de los verificadores nacionales o supranacionales. En España, Verificat sería un ejemplo del primer tipo, centrado sobre todo en la actualidad de Cataluña, mientras que verificadores como Newtral o Maldita presentan un alcance nacional. Los resultados del estudio de Vázquez-Herrero et al. (2019) sobre 135 iniciativas de verificación de datos a nivel mundial muestran que las organizaciones más frecuentes son aquellas que trabajan en el ámbito nacional (un 60,74%), mientras que menos de un 9% serían de carácter regional.

Según su alcance temático, podría hablarse también de una mayoría de fact-checkers generalistas, que verifican informaciones de todo tipo, aunque también existen fact-checkers temáticos o especializados. Así, podrían considerarse verificadores como Pagella politica en Italia o El sabueso en México, centrados sobre todo en el ámbito político, o Climate feed-back y Science Vs, especializados en información científica (Vázquez-Herrero et al., 2019).

Además, el estudio de Míguez-González y Dafonte-Gómez (2022) muestra que algunos fact-checkers priorizan la difusión de verificaciones, mientras que otros, como Newtral, ponen un gran énfasis en la publicaciones de información, funcionando más como medios de comunicación que como verificadores de datos.

 

3. El proceso del fact-checking

 

Desde un punto de vista procedimental, una de las primeras tareas que deben realizar los fact-checkers consiste en detectar contenidos cuya credibilidad pueda resultar dudosa. Para ello las organizaciones de verificación de datos utilizan sistemas automatizados de monitorización de medios de comunicación y redes sociales que, sumados a la actividad de sus profesionales, les permiten identificar informaciones, afirmaciones, imágenes o vídeos que deben ser revisados y analizados para verificar su veracidad. Un ejemplo de herramienta de rastreo de noticias es Factmata, una plataforma que utiliza técnicas de aprendizaje automático y análisis de texto para analizar noticias e identificar posibles contenidos falsos; algunos fact-checkers disponen además de herramientas de creación propia, como el Radar Aos Fatos, que desde su lanzamiento en 2020 recurre a la inteligencia artificial para identificar campañas de desinformación.

Pero los fact-checkers también reciben solicitudes de verificación de contenidos por parte de individuos particulares u otras entidades; Maldito Bulo, por ejemplo, admite solicitudes a través de Facebook Messenger, Whatsapp o Telegram. En este sentido, tal y como apunta Rodríguez Pérez (2020), los propios ciudadanos se convierten en partícipes activos en el ámbito informativo, actuando como gatekeepers anónimos que alertan de posibles bulos o contenidos controvertidos.

Una vez que se ha localizado un contenido es necesario proceder a su verificación; para ello, los profesionales utilizan diversas técnicas en las que profundizaremos en el tercer capítulo de este libro. Cuando el contenido ha sido verificado y se puede afirmar su veracidad o falsedad, la labor del fact-checker consiste en la elaboración y difusión del informe en el que se clasifique como verdadero, falso o dudoso ese contenido y se detallen los pasos que conducen a esa afirmación. Aunque algunos fact-checkers ofrecen servicios de verificación (y, por tanto, de reporte) previo pago, en muchos casos, estas verificaciones se difunden a través de los distintos canales de comunicación del fact-checker, fundamentalmente página web y redes sociales. En el capítulo 6 nos ocuparemos con más detalle de la actividad comunicativa de los fact-checkers.

 

4. Dificultades y retos para los verificadores de datos

 

Las dificultades a las que se enfrentan los fact-checkers en el desarrollo de su actividad son abundantes. El acceso limitado a fuentes de información confiables o relevantes que permitan verificar una afirmación, la falta de tiempo o recursos para llevar a cabo su labor de forma exhaustiva o el cambio constante del panorama informativo en un mundo cada vez más interconectado, que hace difícil seguir el ritmo de desinformación que puede llegar a generarse, son algunos de los condicionantes habituales que afrontan estas entidades.

Los fact-checkers han de enfrentarse también al escaso conocimiento de los usuarios sobre los procesos de verificación y a la desconfianza de éstos sobre los propios fact-checkers (Ardèvol-Abreu et al., 2020; Rodríguez Pérez, 2020) que suelen ser acusados de presentar sesgos ideológicos o motivaciones partidistas, a pesar de los esfuerzos de las organizaciones —avaladas por entidades como la IFCN— para demostrar su imparcialidad e independencia.

A esto se suma la evidencia de que las noticias falsas se difunden más y más rápido que las verdaderas (Vosoughi et al., 2018) y no resulta sencillo medir el impacto y el alcance de las verificaciones. De hecho, desde la academia son muchos los estudios que han tratado de determinar si la actividad que realizan los verificadores de datos es verdaderamente efectiva en la lucha contra la desinformación: algunos estudios muestran su utilidad (Chung; Kim, 2021; Hameleers, 2020; Lee et al., 2022; Zhang et al., 2021) pero otros cuestionan su impacto (Margolin et al., 2018; Pérez-Curiel; Velasco-Molpeceres, 2020; Herrero; Herrero-Damas, 2021). Las propias creencias e ideología de los individuos condicionan la capacidad de los fact-checkers para corregir la desinformación (Walter et al., 2020) y algunas personas comparten intencionadamente contenidos aunque se haya demostrado su falsedad (Ardèvol-Abreu et al., 2020), lo que dificulta considerablemente su tarea.

A pesar de los inconvenientes apuntados, la actividad del fact-checking continúa creciendo, apoyada por nuevas tecnologías que permiten cubrir un mayor volumen de información en menos tiempo y, por tanto, favorecen la eficiencia. Además, sobre todo desde la pandemia de covid-19, también se ha incrementado la participación ciudadana en la actividad de los fact-checkers, con un elevado número de demandas de verificación (Dafonte-Gómez; Míguez-González; Martínez-Rolán, 2022) que demuestran la creciente inquietud social ante el fenómeno de la desinformación.

En este sentido, cabe apuntar que la labor de los fact-checkers es importante en la lucha contra la desinformación, pero caerá en saco roto si las sociedades carecen de una población crítica y formada que sea capaz de cuestionarse la veracidad de los contenidos que recibe y la credibilidad de las fuentes. En un contexto de polarización cada vez más acusada, es fundamental educar a la ciudadanía en la importancia de los matices, de profundizar en los detalles para comprender realidades complejas que admiten diversas interpretaciones posibles. Se requiere un serio esfuerzo por parte de instituciones públicas e iniciativas privadas para la alfabetización mediática y digital de los ciudadanos. A ello dedicaremos la cuarta parte de este libro.

 

Agradecimientos

 

Este capítulo forma parte del proyecto «Narrativas digitales contra la desinformación. Estudio de redes, temas y formatos en los fact-checkers iberoamericanos», financiado por la Agencia Estatal de Investigación, de España (Ref. PID2019-108035RB-I00/AEI/ 10.13039/501100011033).

María Isabel Míguez-González es miembro de la Cátedra Unesco «Transformative Education: Science, Communication and Society.

 

Referencias

 

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