Título del Capítulo: «Propuesta para estudiar ecosistemas de fact-checking y medir su institucionalización»
Autoría: Enrique Núñez-Mussa
Cómo citar este Capítulo: Núñez-Mussa, E. (2023): «Propuesta para estudiar ecosistemas de fact-checking y medir su institucionalización». En Míguez-González, M.I.; Dafonte-Gómez, A. (coords.), Narrativas digitales contra la desinformación. Verificación de datos y alfabetización en la sociedad de la información. Salamanca: Comunicación Social Ediciones y Publicaciones.
ISBN: 978-84-17600-85-3
d.o.i.: https://doi.org/10.52495/c4.emcs.19.p105
4. Propuesta para estudiar ecosistemas de fact-checking y medir su institucionalización
Enrique Núñez-Mussa
Michigan State University
Introducción
El ecosistema mundial de proyectos de fact-checking o verificación destaca por su dinamismo. Las iniciativas de verificación suelen nacer para ocasiones coyunturales y críticas, sobre todo en momentos de alta incertidumbre o inestabilidad democrática (Amazeen, 2017) como pueden ser elecciones, revueltas sociales, instancias de alta polarización política o crisis de salud, tal y como ocurrió durante la pandemia de covid-19. En estos contextos, los fact-checkers se entienden a sí mismos como reparadores del campo periodístico (Graves; Konieczna, 2015), por lo que tienen como objetivo hacer un periodismo que en sus procesos de producción o en su calidad, consideran que los medios tradicionales no realizan y ven como su principal función corregir la desinformación imperante (Singer, 2020).
He tenido la oportunidad de ver este fenómeno de cerca en Chile, siguiendo el panorama del fact-checking desde el año 2019, donde tras una crisis política y social que experimentó el país, entrevisté a los editores de diferentes proyectos de verificación que emergieron durante la revuelta (Núñez-Mussa, 2019). En el país he observado que, si bien algunos proyectos se mantienen en el tiempo, es común que, si nacen para responder a un tema puntual que copa la agenda, sean descontinuados o revividos sin regularidad cuando surge otra historia con los mismos niveles de incertidumbre, y en el caso de proyectos independientes, tras la urgencia e impulso inicial, el financiamiento se convierte en condicionante para seguir publicando.
Esto no es exclusivo para el caso de Chile. Al revisar el mapa de proyectos de verificación a partir de un censo anual que lleva a cabo el Reporters Lab de la Universidad de Duke, se reconocen 391 proyectos activos, y 129 inactivos (Stencel; Ryan; Luther, 2022). Tanto la incorporación de iniciativas cada año, como el que se deba distinguir su inactividad, dan cuenta de un contexto de permanente cambio, y de diversidad tanto en el origen como estabilidad de las organizaciones dedicadas a hacer verificación. Esto es un desafío al establecer categorizaciones, decidir muestras para investigación y agrupar proyectos, sobre todo, en estudios comparados o al intentar generalizar resultados sobre fact-checking.
Este capítulo propone considerar la institucionalización de las iniciativas de fact-checking como criterio para responder a ese desafío. Institucionalización entendida como las formas de hacer periodismo, y como la infraestructura económica y organizacional en la que se desarrollan esas formas (Ryfe, 2019). En el periodismo las formas de hacer, que se traducen en normas y prácticas, se producen, transforman y consolidan de manera discursiva (Vos; Thomas, 2018), por ende, los periodistas van definiendo un canon sobre cómo debe practicarse y con qué objetivos al hablar del oficio en instancias formales e informales. En el caso del fact-checking, una entidad se ha encargado de recoger los discursos en torno a la práctica de verificar y de organizarlos de manera sistemática, la International Fact-Checking Network (IFCN), estableciendo un hito fundamental en la institucionalización del periodismo de verificación, con principios y un estándar al que los proyectos deben atenerse para ser considerados legítimos.
La IFCN tiene un sistema de acreditación que exige a los proyectos demostrar que cumplen el código de cinco principios de la entidad: compromiso con la imparcialidad y equidad, con transparentar las fuentes, con transparentar quiénes pertenecen a la organización y de dónde proviene el financiamiento, con transparentar la metodología, y entregar correcciones abiertas y honestas (IFCN, 2023a). Esto va de la mano con la estabilidad y sustento económico de los fact-checkers, ya que, tras un proceso de evaluación, integrarse les permite acceder a fondos concursables y optar a ser un par verificador de la empresa Meta, lo que les da la oportunidad de contar con financiamiento estable. Este proceso conlleva una renovación anual.
La misma entidad es la encargada de realizar una conferencia —Global Fact— donde se reúnen verificadores de diferentes países para volver a discutir los principios que propone la IFCN y establecer discursos de consenso para el futuro desarrollo del periodismo de verificación. Estos encuentros en la actualidad tienen la forma de un Congreso con paneles, talleres y representantes de los cinco continentes, cuya sede suele ser alguna gran capital.
En su estudio sobre la evolución de esta conferencia, Graves y Lauer (2020), documentan que esta se originó como una reunión con los proyectos pioneros, y proponen, que el camino del fact-checking ha sido pasar de ser un movimiento hacia una institución, principalmente por el rol de la IFCN. Sin embargo, reconocen tensiones asociadas a la necesidad de la IFCN de homogeneizar el periodismo de verificación sin dejar de reconocer la diversidad cultural y social de los países que participan. Uno de los mecanismos que utiliza la conferencia es generar instancias para algunas regiones. Habiendo participado en la conferencia del año 2018 en Ciudad del Cabo, pude experimentar cómo esa regionalización se produce de forma natural y tácita, donde las interacciones se dan principalmente entre personas que comparten idioma y continente. Sin embargo, esta afinidad no necesariamente refleja los proyectos de verificación a los que pertenecen sus integrantes, limitando la posibilidad de establecer comparaciones y vínculos. Al observar el fact-checking como un objeto de estudio académico, los trabajos también tienden a centrarse en regiones o países, y son escasos los estudios comparados (Humprecht, 2019).
En 2023, la IFCN publicó un censo en el que clasificó al 57% de los proyectos de verificación existentes como ONG’s o fundaciones sin fines de lucro, al 36,6% como parte de un medio de comunicación y al 6,4% como dependientes de instituciones académicas (IFCN, 2023b). Graves (2018) propone un sistema de tres categorías para mapear proyectos de fact-checking en el mundo. Él habla de proyectos periodísticos, académicos y políticos o que nacen desde la sociedad civil. Al respecto, el mismo autor percibe que son categorías con límites difusos, porque hay proyectos académicos que colaboran con instancias de la sociedad civil. Antes, en un estudio que realizó en sitios de fact-checking europeo habló de reporteros y reformistas (Graves; Cherubini, 2016), los primeros responderían a un modelo de sala de redacción, mientras los segundos se asemejan más a una ONG, buscando convertirse en una institución que aporta a la democracia, combatiendo la desinformación como una causa.
Aunque estas categorías pueden ser funcionales para observar proyectos individuales, porque responden a la entidad donde se aloja el proyecto y a su estructura organizacional, no son extensibles a un ecosistema nacional heterogéneo de iniciativas. Por ende, esta propuesta considera parámetros que dan cuenta de esa diversidad, considerando que puede haber proyectos que no participan en la IFCN, y contextos dinámicos. No se descarta la opción de que haya ecosistemas que pueden retroceder en su institucionalización o que funcionen como olas, donde el sistema se institucionaliza en diferentes momentos, por ejemplo, al responder a eventualidades políticas.
Para lo anterior, se desarrolló un ejercicio exploratorio, para el que se establecieron tres parámetros iniciales para evaluar la institucionalización en un ecosistema nacional de fact-checking:
La muestra corresponde a 18 países que forman parte del estudio The Media for Democracy Monitor en 2021 (Trappel; Tomaz, 2021): Islandia, Hong Kong, Austria, Bélgica, Grecia, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Suiza, Australia, Canadá, Alemania, Países Bajos, Chile, Corea del Sur, Reino Unido, Italia, Portugal.
El estudio cuenta con investigadores locales de cada uno de los países, para establecer un índice a través de diferentes parámetros que presentan el aporte democrático que hacen los medios de comunicación en cada uno de los contextos estudiados en tres grandes áreas: Libertad e información, Equidad y mediación interesada, y Control y perro guardián. Los reportes de cada país son de acceso abierto en el sitio web del proyecto (http://euromediagroup.org/mdm/) y al hacer una lectura en profundidad de cada uno se puede extraer información que da cuenta del estado del periodismo de verificación y el problema de la desinformación de cada país.
La primera razón por la que decidí trabajar con esta muestra es porque elaboré el informe para Chile (Núñez-Mussa, 2021), por lo que estoy familiarizado con su metodología y con cómo se levantaron los datos y se procesó la información. En segundo lugar, trabajé en un reporte posterior donde recopilé la información sobre fact-checking presente en cada uno de los informes nacionales (Mayerhöffer et al., 2022); de ese proceso nace la reflexión e inspiración para esta propuesta. En tercer lugar, se trata de una base de datos abierta y disponible para investigadores, que además de contar con datos de cada país recopilados a través de información pública, se alimenta de entrevistas cualitativas a periodistas, editores y representantes gremiales de periodistas, lo que da la posibilidad de conocer el contexto con mayor profundidad. La principal limitación que ofrecen estos datos es que no todos los países están reportados con el mismo nivel de detalle.
Tres países presentan ecosistemas en los que no se reportan proyectos de verificación ni colaboración con medios masivos, ni otro tipo de iniciativas. Por ende, no fueron suficientemente significativos para ser incluidos en los informes de la muestra. Hay ecosistemas de complejidad baja, donde se reporta, al menos, un actor, pero no hay colaboraciones relevantes entre ese actor y los medios masivos, o ese actor es un solo gran medio de comunicación, pero no hay otros actores en el ecosistema.
Tabla 1. Ecosistemas nacionales de fact-checking según sus niveles de institucionalización a partir de la muestra de The Media for Democracy Monitor 2021.
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Nivel de institucionalización |
Países |
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Nula o no reportada |
Islandia, Hong Kong y Austria. |
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Baja |
Bélgica, Grecia y Finlandia. |
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Mediana |
Suecia, Dinamarca, Suiza, Australia y Canadá. |
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Alta |
Alemania, Países Bajos, Chile, Corea del Sur, Reino Unido, Italia y Portugal. |
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de The Media for Democracy Monitor 2021.
Hay ecosistemas de complejidad mediana, que presentan uno o más de los tres parámetros. Se da la coincidencia de que estos ecosistemas de complejidad mediana, en esta muestra, se dan en países donde hay un servicio público sólido que es el más relevante o uno de los actores más relevantes del sistema de medios, estableciendo los estándares del campo, que en otros países de sistemas más comerciales cumplen iniciativas independientes con modelos de ONG. Por último, hay ecosistemas de alta complejidad con variedad de proyectos, colaboraciones entre ellos y entre proyectos independientes y medios masivos, además de instancias educativas, de divulgación e investigación.
Los resultados de este ejercicio muestran que la categorización por niveles de institucionalización es funcional. Esto permitiría, al momento de establecer comparaciones y generalizaciones, salir de la lógica geográfica e idiomática. Si el objetivo es considerar contrastes, como suele hacerse en estudios tradicionales que miran a diferentes sistemas de medios, la propuesta sugiere que es más coherente observar diferencias entre Finlandia y Alemania, que entre Corea del Sur y los Países Bajos. Esto también es un factor a considerar cuando se busca exponer puntos en común. Se propone que tiene más lógica hablar de países con ecosistemas de fact-checking más institucionalizados que de Europa o Latinoamérica, al momento de identificar características comunes. Esto también da la posibilidad de establecer trayectorias paralelas entre países.
Esta clasificación ofrece un criterio más amplio y da más espacio a la observación empírica, que la forma en que se definen los propios chequeadores respecto a los medios masivos, o a si el origen de los proyectos es una universidad, un medio tradicional o una iniciativa independiente, ya que los parámetros observan relaciones constatables entre las diferentes iniciativas de verificación. Esto establece una limitación, ya que las relaciones son dinámicas y, por ende, se debe considerar que una observación respecto al estado de institucionalización de un ecosistema nacional de fact-checking está respondiendo a un momento puntual y a un contexto específico que puede cambiar. Un ejemplo, lo ofrece el caso de Chile, en 2021, cuando se recogieron los datos, aun ya teniendo un ecosistema de alta institucionalización, ninguno de los proyectos nacidos en el país eran signatarios de la IFCN; al momento de escribir este capítulo, el país ya cuenta con dos. Esto confirma el dinamismo y también invita a pensar en que expandir las muestras de proyectos a estudiar fuera de la IFCN puede aportar casos de interés.
Un desafío, que requiere seguir trabajando en estos parámetros, es que aún presentan ambigüedad respecto al peso que tiene cada uno para clasificar un ecosistema sobre otro. Un ejemplo es Grecia, que tiene un actor relevante que ha hecho colaboraciones puntuales con los medios, pero es el único actor reportado, por lo tanto, sigue siendo reducido. Para clasificar a ese ecosistema, surge la necesidad de considerar más indicadores para cada parámetro o darles una puntuación.
Este trabajo se realizó con los datos de The Media for Democracy Monitor, porque están disponibles y permiten hacer un ejercicio exploratorio. Para hacer una versión más ambiciosa de este mismo ejercicio y utilizarlo en una investigación comparada es necesario triangular con otras fuentes los datos disponibles sobre los ecosistemas de cada país.
Es importante considerar al hacer una evaluación sobre la institucionalización de los proyectos de fact-checking, que esta no tenga un componente normativo. No es bueno o malo que un sistema esté más o menos institucionalizado, esto es una herramienta para los investigadores, cuyo objetivo es que las comparaciones y generalizaciones sean más precisas respecto a la realidad que buscan comparar o generalizar.
El ejercicio invita a pensar en otros indicadores que pueden aportar a hacer los parámetros más precisos:
Como se ha insistido, el ejercicio que se plantea en este capítulo es de índole exploratoria y busca hacer una prueba sobre las posibilidades de considerar los ecosistemas de fact-checking desde una mirada institucional. Por lo tanto, se hizo con una base de datos funcional, pero limitada, que invita a considerar un refinamiento de los parámetros incorporando nuevos indicadores y el valor que puede tener triangular la información de cada ecosistema analizado yendo a más de una base de datos como puede ser el Duke Reporters Lab o IFCN. Teniendo en cuenta las condiciones del ejercicio, a partir del resultado, este capítulo sugiere que es viable entender a los proyectos de verificación como ecosistemas según niveles de institucionalización y abre la posibilidad a pensar en proyectos comparados desde esa lógica.
Este capítulo forma parte del proyecto «Narrativas digitales contra la desinformación. Estudio de redes, temas y formatos en los fact-checkers iberoamericanos», financiado por la Agencia Estatal de Investigación, de España (Ref. PID2019-108035RB-I00/AEI/ 10.13039/501100011033).
Graves, L. (2018): «Boundaries Not Drawn. Journalism Studies, vol. 19, núm. 5, pp. 613-631, https://doi.org/10.1080/1461670X.2016.1196602
Graves, L.; Konieczna, M. (2015): «Sharing the news: Journalistic collaboration as field repair». International Journal of Communication, vol. 9, núm. 1, pp. 1966-1984.
Graves, L.; Lauer, L. (2020): «From Movement to Institution: The «Global Fact» Summit as a Field-Configuring Event». Sociologica, vol. 14, núm. 2, pp. 157-174. https://doi.org/10.6092/issn.1971-8853/11154
IFCN. (2023a): «Eligibility to be a signatory». International fact checking network. https://www.ifcncodeofprinciples.poynter.org/know-more/the-commitments-of-the-code-of-principles
Mayerhöffer, E.; Belluati, M.; DeCillia, B.; d’Haenens, L.; Fubini, A.; Lo, W.H.; Núñez-Mussa, E.; Ólafsson, J.G.; Rega, R. (2022): «Countering misinformation in and from the newsroom: How digital platforms redefine journalistic practice and the democratic role of news media». In J. Trappel; T. Tomaz (Eds.), Success and failure in news media performance: Comparative analysis in the Media for Democracy Monitor 2021 (pp. 35–58). Nordicom, University of Gothenburg. https://doi.org/10.48335/9789188855589-2
Núñez-Mussa, E. (2019): «Political turmoil sparked a national fact-checking ecosystem in Chile: 17 platforms are active now». Poynter Institute-International Fact Checking Network. https://www.poynter.org/fact-checking/2019/political-turmoil-sparked-a-national-fact-checking-ecosystem-in-chile-17-platforms-are-active-now/
Stencel, M.; Ryan, E.; Luther, J. (2022): «Fact-checkers extend their global reach with 391 outlets, but growth has slowed». Duke Repoters Lab. https://reporterslab.org/category/fact-checking/
Vos, T.P.; Thomas, R.J. (2018): «The discursive construction of journalistic authority in a post-truth age». Journalism Studies, vol. 19, núm. 13, pp. 2001-2010, Doi: 10.1080/1461670X.2018.1492879
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