Título del Capítulo:«Cuestionando el extractivismo epistémico: el poder del cine para devolver los resultados de investigaciones académicas a las fuentes primarias en El Salvador»
Autoría: Paula Cuellar Cuellar
Cómo citar este Capítulo: Cuellar Cuellar, P. (2024): «Cuestionando el extractivismo epistémico: el poder del cine para devolver los resultados de investigaciones académicas a las fuentes primarias en El Salvador». En Cuenca-Navarrete, C.; Navarro-Mañá, T. (eds.), Violencias, memoria y cine. La construcción audiovisual del pasado. Salamanca: Comunicación Social Ediciones y Publicaciones.
ISBN: 978-84-10176-04-1
d.o.i.: https://doi.org/10.52495/c4.emcs.31.c46
Paula Cuellar Cuellar
«Había una vez un espíritu del añil que se detuvo en El Salvador y encontró la historia de un país herido y cansado de siglos de violencia.
Lo que más le sorprendió al espíritu es que muchas heridas siguen aún abiertas. Fue entonces cuando el espíritu decidió reunir a tres actrices jóvenes para que interpreten y den a conocer testimonios de mujeres
que sufrieron violaciones sexuales en la guerra civil de ese país. Esta es su historia…»
El 4 de agosto de 2023, en la Ciudad de México, se estrenó internacionalmente Añil (2023) como parte de la selección oficial de la Muestra Internacional de MICGénero: Cine con Perspectiva de Género. Este documental, filmado principalmente con fondos provenientes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se encuentra basado en la tesis doctoral y ahora manuscrito del libro titulado Las Mujeres Salvadoreñas Hablan: Relatos Femeninos de una Revolución, 1981-1992.
Específicamente, Añil narra la historia de Neris Amanda González, quien fue víctima de violación sexual perpetrada por parte de las fuerzas de seguridad, así como la historia de Rebeca (seudónimo), quien fue víctima de abusos sexuales cometidos tanto por las fuerzas de seguridad como por las fuerzas guerrilleras. El estreno oficial en El Salvador tuvo lugar el 16 de mayo de 2023 en San Salvador. No obstante, la presentación más importante y significativa para mí tuvo lugar el 13 de mayo de 2023 en Suchitoto frente a las mujeres que integran la asociación denominada «Veteranas de Guerra El Salvador». Y es que fue precisamente en esa ciudad alejada de la capital y frente a esa misma audiencia donde surgió la idea del documental.
Debido a mi compromiso con la justicia social y después de advertir en Suchitoto que un número significativo de mujeres que formaban parte de las «Veteranas de Guerra El Salvador» tenían escasa alfabetización, fue en ese lugar en el que arribé a la conclusión de que era necesario compartirles mis hallazgos a todas aquellas mujeres que habían colaborado en mi investigación mediante formatos alternativos a la palabra escrita. Y es que, durante la realización de mi investigación para el manuscrito, descubrí que un número importante de las mujeres entrevistadas enfrentaba dificultades relacionadas con la alfabetización. Por lo tanto, se hizo imperativo para mí encontrar un formato alternativo a aquellos en los que tradicionalmente se publicitan y diseminan los resultados de trabajos académicos, a efectos de comunicar efectiva y eficazmente los hallazgos de mi estudio a esas mujeres, a quienes siempre consideré que debían ser la principal audiencia de mi investigación.
Este artículo resalta la importancia de difundir los resultados de investigaciones académicas a las personas que han contribuido generosamente con información para su elaboración. Además, analiza el cine como mecanismo para conseguir este objetivo. La colaboración entre las personas que aportan información para la realización de trabajos de investigación y la academia es fundamental debido a que las primeras brindan no solo su conocimiento, sino también sus historias personales que contribuyen al diseño de nuevos marcos teóricos para la comprensión de diferentes fenómenos.
Sin embargo, a pesar de su enorme aporte a la generación de nuevos conocimientos y perspectivas, estas fuentes primarias —a quienes la academia debería siempre considerar como personas, es decir, como titulares de derechos y con poder de agencia— no suelen ser percibidas como las destinatarias principales de aquellos trabajos académicos a los que ellas han contribuido. En ese sentido, este artículo hace énfasis en cómo estas personas han sido vistas por la academia como sujetos de estudio y no como destinatarias de los hallazgos de las investigaciones en las que ellas han participado, fracasando así en retribuirlas, honrarlas y reconocer su poder de agencia en la generación del conocimiento. Centrándome en El Salvador como caso de estudio, este artículo aborda la relevancia que representa para aquellas personas que han sido víctimas de graves violaciones a derechos humanos y crímenes internacionales conocer los resultados de los trabajos académicos a los que han contribuido con sus historias. Además, hace hincapié en cómo, a través del documental Añil ha sido posible dar a conocer los resultados de mi investigación a aquellas mujeres que contribuyeron con sus testimonios a la documentación de abusos sexuales cometidos por las fuerzas de seguridad y la guerrilla durante el conflicto armado salvadoreño.
Oficialmente, desde el 10 de enero de 1981 hasta el 16 de enero de 1992, El Salvador se convirtió en el escenario de una guerra civil. Durante casi doce años, la violencia perpetrada en el país tuvo como resultado miles de personas civiles asesinadas o víctimas de desapariciones forzadas, así como miles de personas que integraban las fuerzas de seguridad y las fuerzas guerrilleras ejecutadas extrajudicialmente o desaparecidas. Además, se produjo un colapso total del Estado de Derecho, inseguridad generalizada, continuos cortes de energía, recesión económica e inestabilidad financiera, inflación, devaluación de la moneda nacional, destrucción de la infraestructura, polarización creciente entre la sociedad y un trauma psicosocial prevalente entre la población aún hoy en día.
Según cifras oficiales, durante ese período 75.000 personas civiles fueron asesinadas extrajudicialmente, más de 8.000 personas fueron desaparecidas forzosamente y más de 1.000.000 de personas fueron desplazadas internamente o huyeron al exilio. En el ámbito militar, aproximadamente 28.000 personas combatientes perdieron la vida en acción o resultaron heridas, mutiladas o desaparecidas. Las pérdidas económicas superaron los 1,6 mil millones de dólares. Finalmente, los proyectos de inversión social fueron completamente desatendidos (Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas», 2002: 18).
El 16 de enero de 1992, el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) suscribieron el Acuerdo de Chapultepec. Mediante ese acto se marcó el fin de un conflicto armado de doce años en El Salvador, un conflicto que dividió profundamente al país. Sin embargo, ese instrumento no fue el único que se suscribió como parte del proceso de pacificación. Firmados por las partes beligerantes el 27 de abril de 1991, los llamados «Acuerdos de México», cimentaron las bases para la creación de una comisión de la verdad que investigara un pasado reciente plagado por la comisión de graves violaciones a derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Además, dichos acuerdos abordaron cuatro temas vitales para el futuro respeto y garantía de los derechos humanos en el país, tal como la reestructuración de las fuerzas armadas y de los distintos cuerpos de seguridad existentes hasta ese momento, así como de los sistemas judiciales y electorales vigentes mediante reformas constitucionales y legales.
Para contextualizar brevemente el escenario que dio origen a la Comisión de la Verdad para El Salvador, es preciso destacar que, a mi juicio, los Acuerdos de Paz fueron, esencialmente, el resultado de una serie de convenios negociados por las partes contendientes durante un periodo en el que la guerra civil se encontraba en un estado de estancamiento. Esta situación obligó a ambas partes beligerantes a otorgarse concesiones y perdones recíprocos. En ese sentido, estas acciones no siempre estuvieron alineadas con el cumplimiento de sus obligaciones en cuanto a verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición.
Conforme con lo establecido en el segundo volumen de anexos del informe emitido por la Comisión de la Verdad para El Salvador titulado De la Locura a la Esperanza: La Guerra de Doce Años en El Salvador, dentro de los siete crímenes susceptibles a ser objeto de estudio por parte de esa entidad se encontraba el delito de violación sexual. No obstante, tal como se advierte de la lectura de ese informe, este delito no fue abordado con la seriedad y rigurosidad necesaria, considerándose una «cuestión relativamente menor» (Comisión de la Verdad para El Salvador, 1993: 5).
Debido a esa deuda pendiente con aquellas víctimas de violencia sexual, decidí llevar a cabo una investigación para la elaboración del manuscrito que sirvió de base para la realización del documental Añil. En ese estudio examino cómo las fuerzas de seguridad y las fuerzas guerrilleras abusaron sexualmente de mujeres y niñas durante la guerra civil de El Salvador. Su argumento principal es que —aunque dirigidas contra diversos grupos poblacionales, basadas en distintos motivos, perpetradas con diferentes tácticas y con efectos a veces disímiles—, ambos bandos cometieron violaciones sexuales bajo el auspicio de una estructura patriarcal que los protegía y les daba impunidad, situación que se mantiene hasta el día de hoy.
Según la hipótesis de mi investigación, en el caso de las fuerzas de seguridad, el abuso sexual de mujeres y niñas fue utilizado como arma de guerra para causar terror entre la población, castigar a aquellas vinculadas al movimiento insurgente, así como desalentar a futuras colaboradoras. En ese sentido, las violaciones sexuales estaban dirigidas hacia mujeres y niñas de la población civil, así como a simpatizantes, colaboradoras y toda aquella que formara parte de la milicia opositora al gobierno. En el caso de las fuerzas guerrilleras, el abuso sexual tuvo la finalidad de reafirmar la jerarquía de los hombres que integraban la insurgencia a través del control de los cuerpos de las mujeres y niñas que también pertenecían a esa misma estructura. Dado que, al formar parte del movimiento de liberación, ellas estaban subvirtiendo los roles tradicionales de género, la violación sexual de algunas de ellas por parte de rebeldes masculinos tuvo el efecto de reafirmar quiénes «realmente ostentaban el poder». En ese sentido, las violaciones sexuales se cometieron contra las que eran integrantes de la misma estructura militar, principalmente.
Asimismo, mi investigación revela que, aunque el abuso sexual fue uno de los siete crímenes a ser investigados y documentados por la Comisión de la Verdad para El Salvador, esta entidad minimizó la perpetración de este delito en su informe. Así, las escasas conclusiones a las que arribó la Comisión de la Verdad para El Salvador respecto al crimen de violación sexual de mujeres y niñas durante el conflicto armado salvadoreño solo constituyeron un aspecto marginal de su informe, o se redujeron y relegaron a números y porcentajes incluidos en su segundo anexo.
En Latinoamérica, en general, la comisión de crímenes de violaciones sexuales ha sido pasada por alto o insuficientemente investigada y documentada durante los procesos de justicia transicional, en particular los abusos sexuales perpetrados por guerrilleros contra sus compañeras. Y es que, usualmente, en América Latina, existe una tendencia a idealizar y romantizar los movimientos insurgentes, particularmente los vínculos sexoafectivos y de camaradería entre sus integrantes, con la excepción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Al hacer estas afirmaciones, mi estudio no aboga ni apoya la aplicación de la «Teoría de los Dos Demonios» en el caso de El Salvador. Sin embargo, sí sostiene que los abusos contra los derechos humanos y los crímenes internacionales cometidos por las fuerzas guerrilleras en el país durante la guerra civil son mucho más numerosos de lo que se reflejó en el informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador y en subsecuentes trabajos académicos sobre el conflicto armado.
Según lo descrito por Mary Kay Quinlan, la entrevista que se lleva a cabo para documentar historia oral es «un intercambio intensamente interpersonal entre un entrevistador preparado y un narrador dispuesto, quienes se proponen intencionadamente registrar la información y experiencias en primera persona del narrador en un entorno de entrevista estructurado para hacer esa información disponible para otros» (Quinlan, 2012: 24).
La investigación en la que se basa Añil se sustenta primordialmente en historias orales. Aunque efectivamente durante el trabajo de campo sí fue posible tener acceso a varias fuentes primarias y secundarias escritas, muy pocas abordaban el crimen de violación sexual cometido por cualquiera de las partes beligerantes durante el conflicto armado salvadoreño. Particularmente desafiante fue la escasez de información sobre violaciones sexuales cometidas por las fuerzas guerrilleras dentro de su propia estructura militar. Antes de mi estudio, pocos académicos y activistas de derechos humanos habían examinado en profundidad la comisión de dicho crimen en El Salvador durante el conflicto, primordialmente los abusos sexuales perpetrados por los hombres que integraban las filas guerrilleras contra sus compañeras. Además, dicha investigación se fundamenta en fuentes orales porque la mayoría de los relatos sobre la guerra civil salvadoreña han sido escritos por hombres que ocuparon cargos de autoridad tanto durante como después del conflicto armado.
En ese sentido, las historias retratadas en Añil permiten conocer sobre las vidas y las experiencias de mujeres que fueron víctimas de violaciones sexuales y cuyas voces han sido silenciadas y olvidadas hasta ahora. Mediante la grabación de sus testimonios, ha sido posible introducir las historias de estas mujeres, quienes han sido sistemáticamente marginadas por la literatura, en la narrativa del conflicto armado salvadoreño. Esta incorporación es fundamental para contrarrestar la versión hegemónica de la historia de la guerra civil en El Salvador, así como para reescribir y rectificar esa historia. Al proveerles a estas mujeres de una plataforma para que sus voces sean escuchadas y sus historias sean conocidas, se habilita la posibilidad de reexaminar críticamente los relatos históricos predominantes en la sociedad salvadoreña sobre el pasado reciente. De igual manera, se promueve una comprensión más inclusiva e imparcial de los hechos acaecidos durante el conflicto armado relacionados con las violaciones sexuales perpetradas por parte de ambos bandos.
Antes de contactarlas, las mujeres que contribuyeron con sus testimonios para esta investigación rara vez habían compartido su historia de victimización. En ese sentido, las entrevistas les proporcionaron una oportunidad para hablar por primera vez con alguien fuera de su círculo íntimo. Esta situación no solo les permitió expresar sus experiencias de manera más libre, sino que también abrió un espacio para el reconocimiento de su sufrimiento.
Para algunas de estas mujeres hablar de sus experiencias fue extremadamente doloroso. El proceso de recordar y verbalizar sus vivencias traumáticas muchas veces resultó complicado. En este sentido, en algunos casos, fueron ellas mismas quienes decidieron relatar sus historias sin interrupciones ni pausas, incluso si esto significaba que la sesión durara todo el día. Un ejemplo de esto fue cuando Rebeca (el seudónimo de una de las dos mujeres cuyas historias son retratadas en «Añil»), se encontraba narrando su historia y al sugerirle que tomara un descanso, me respondió: «No quiero parar ahora. Aunque es difícil para mí compartir mi historia, si no lo digo todo ahora de una sola vez, volveré a quedarme en silencio» (Rebeca, 2016). Esta afirmación resalta la necesidad urgente de estas mujeres de ser escuchadas y de liberar el peso de sus recuerdos.
Para otras entrevistadas, la verbalización de sus experiencias fue un desafío insuperable. Así, por ejemplo, una de ellas optó por escribir parte de su testimonio y enviármelo a través de un mensaje de texto, ya que la idea de hablar frente a frente con una persona sobre algunos episodios de su evento victimizante era demasiado dolorosa (Toribia, 2020). Por otro lado, durante la primera entrevista con Neris Amanda González (una de las dos mujeres cuyas historias son retratadas en Añil), en un intento de comunicar su dolor, me pidió que leyera el testimonio que había proporcionado ante un tribunal en los Estados Unidos en el proceso judicial iniciado en 1999 contra dos exministros de defensa salvadoreños, los generales José Guillermo García y Carlos Vides Casanova, por su responsabilidad en la tortura de tres personas civiles salvadoreñas bajo la doctrina de responsabilidad de mando, entre ellas Neris (González, 2016). A través de ese proceso judicial, Neris buscaba reparaciones para ella y su hijo fallecido, y revelaba la atrocidad de cómo su hijo no nacido fue torturado mientras ella estaba detenida.
La imposibilidad de articular verbalmente sus experiencias subraya la profundidad del trauma que estas mujeres soportaron. Asimismo, estos ejemplos demuestran la importancia de crear espacios seguros y empáticos donde las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales puedan compartir sus historias. Además, destaca la necesidad de adoptar métodos flexibles de recopilación de testimonios, que respeten y respondan a las necesidades emocionales y psicológicas de las víctimas. Reconocer y documentar estas historias es crucial no solo para el registro histórico, sino también para los procesos de justicia y reparación de las víctimas, asegurando que aquellas voces que han sido marginadas sean finalmente escuchadas y valoradas.
No obstante, a pesar de todo el sufrimiento que estas mujeres experimentaron al proporcionar sus testimonios, todas ellas deseaban fervientemente que sus historias se hicieran públicas. Para ellas, el silencio y el olvido ya no eran opciones viables. En este contexto, comprendí que una de las cosas más significativas que las víctimas pierden bajo un contexto de violencia extrema y represión es la capacidad de usar el lenguaje. Así, luego, el lenguaje como retribución comienza a tener sentido (Phelps, 2004: 39). Esta pérdida y posterior recuperación del lenguaje como retribución se manifestaba de manera palpable al finalizar las entrevistas realizadas como parte de mi estudio. Y es que, sin importar cuán doloroso había sido recordar esos eventos para las entrevistadas, cada vez que concluíamos una sesión, ellas siempre me lo agradecían enormemente. Estos agradecimientos recurrentes me llevaron a cuestionarme sobre las razones detrás de sus gestos. En ese sentido, comencé a preguntarles directamente por qué se sentían agradecidas cuando quien les guardaba una enorme gratitud era yo porque ellas me habían proporcionado información invaluable para la elaboración de mi estudio. Para mi sorpresa, como si todas hubieran dialogado previamente entre sí, casi todas expresaron que esas entrevistas habían sido una de las pocas ocasiones en las que estaban convencidas de que alguien más creía que lo que estaban diciendo era cierto. Este sentimiento de ser escuchadas y creídas por primera vez fue una experiencia liberadora para ellas, me manifestó la mayoría. Más específicamente, las diferentes respuestas que escuché frente a esa pregunta pueden ser resumidas a través de la siguiente frase que una de las entrevistadas me dijo al concluir una sesión: «Es que no es que nosotras no queramos hablar. El problema es que nadie nos quiere escuchar (Lidia, 2016).»
Igualmente, muchas de las entrevistadas manifestaron que se sentían aliviadas después de proporcionar su testimonio. Expresar sus experiencias y compartir sus historias les permitió sentir que se les había quitado un gran peso de encima. Así las cosas, las entrevistas no sólo actuaron como un canal de expresión y transmisión del conocimiento, sino también como un medio de validación y reconocimiento de sus vivencias. Tal y como sostiene Victoria Sanford, aunque las personas sobrevivientes se presentan y hablan por muchas razones diferentes, entre ellas es común el deseo de aliviar su dolor, compartir el contenido de su experiencia vivida de violencia y tener su historia validada por quienes escuchan y por la audiencia más amplia a la que esperan que llegue su testimonio (Sanford, 2009: 42). Este deseo de aliviar el dolor y obtener validación resalta la importancia de las entrevistas como herramientas de justicia restaurativa y reparación emocional.
En El Salvador, la ausencia de una implementación efectiva de iniciativas de desarme, desmovilización y reintegración (en adelante «DDR»), así como la falta de programas diseñados específicamente para el contexto del país tuvieron profundas implicaciones en diversos aspectos de la sociedad, particularmente en su salud mental. La ineficacia en la implementación de medidas de DDR y la carencia de programas de reinserción adecuados dejaron a muchas personas que formaban parte de grupos armados y a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos y crímenes internacionales en una situación de vulnerabilidad extrema. Y es que, generalmente, después de un período de violencia extrema, tal y como el que se vivió en El Salvador al finalizar el conflicto armado, estas personas sufren traumas psicológicos severos, incluyendo trastorno de estrés postraumático (TEPT), depresión y ansiedad, enfermedades que requieren intervención profesional. Sin embargo, en un país donde las iniciativas de DDR no se llevaron a cabo de manera integral, la salud mental se mantuvo relegada a un segundo plano. La ausencia de programas de apoyo psicológico y psiquiátrico adecuados para estas personas no solo perpetuó su sufrimiento individual, sino que también contribuyó a la inestabilidad social y a la violencia continua, convirtiendo a El Salvador en uno de los países más peligrosos del mundo para habitar.
Así las cosas, fue en este proceso que comprendí e interioricé finalmente el significado de la palabra «catarsis» y lo que implica en el contexto del conocimiento de la verdad. La catarsis, entendida como purificación, limpieza o purga de emociones, realmente puede lograrse mediante la expresión verbal de experiencias traumáticas. La posibilidad de contar sus historias y ser escuchadas con atención y respeto permitió a estas mujeres iniciar un proceso de sanación emocional, transformando su sufrimiento en una forma de retribución lingüística y, en última instancia, en un acto de justicia y dignificación de sus vivencias.
¿Qué es la verdad y por qué es importante conocerla? Éstas son dos preguntas esencialmente filosóficas que se hacen muy difíciles de responder. Sin embargo, en procesos de transición de la guerra a la paz, se ha llegado a la conclusión de que la verdad implica conocer el cómo, el por qué y el cuándo respecto a la comisión de graves violaciones a derechos humanos y crímenes internacionales, así como quiénes perpetraron tales hechos. La relevancia de su develación a las víctimas, así como a la sociedad en general, se centra en la destrucción de las estructuras de mentiras y secretismo en las que se cimientan los viejos órdenes y, por ende, en el establecimiento de unos nuevos basados en la transparencia y la rendición de cuentas.
Con el advenimiento de la tercera ola democrática, se concluyó que el derecho a la verdad comprende una doble dimensión respecto a su titularidad.1 En primer lugar, se reconoce el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad sobre los hechos que dieron lugar a graves violaciones de los derechos humanos, la suerte que corrió la víctima, así como conocer la identidad de los perpetradores. En segundo lugar, se reconoce el irrenunciable derecho que toda sociedad tiene de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro (Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, 2005, párrafos 2 y 4).
¿Pero cómo se da a conocer la verdad? ¿Cómo es posible que aquellas personas que enfrentan dificultades relacionadas con la alfabetización puedan acceder a la información? ¿Cómo se evita el extractivismo epistémico? ¿Cómo se democratiza el conocimiento en un país en el que el estudio es un privilegio más que un derecho?
Por un lado, específicamente en relación con el derecho a la verdad, es importante clarificar que la forma y el lugar en que la verdad es revelada es relevante. Esto se debe a que, cuando la verdad es sancionada oficialmente y, por lo tanto, insertada en el imaginario colectivo, la misma adquiere una cualidad misteriosa que no se encuentra presente cuando es una simple verdad conocida por amplios sectores de la población, aunque no reconocida públicamente por los Estados. Y es que, según Priscilla Hayner, el reconocimiento oficial posibilita el inicio de la sanación de las heridas (Hayner, 2001: 26).
Sin embargo, en la mayoría de los casos en los que se han perpetrado graves violaciones a los derechos humanos y serias violaciones al derecho internacional humanitario, el conocimiento de la verdad no es suficiente debido a que, usualmente, las víctimas se encuentran al tanto de los abusos que han sido cometidos y, además, conocen o saben quiénes son las personas que los han llevado a cabo (Neier, 2004: 180).
Es por ello que se vuelve indispensable el reconocimiento oficial de los abusos que han sido perpetrados después de un período de violencia extrema y, por ende, es precisamente en esos casos en los que la diferencia entre los términos «conocimiento» y «reconocimiento» es esencial (Huyse, 1995: 53). Así, tal como ha sido expresado por Aryeh Neir, el «reconocimiento» implica que el Estado ha admitido su responsabilidad y ha reconocido que obró mal (Hayner, 1994: 607). A partir del reconocimiento de lo sucedido, una nación es capaz de debatir honestamente cómo y por qué fueron cometidos crímenes tan atroces. Asimismo, al identificar a aquellos responsables de esos hechos aberrantes y al revelar sus abusos, los perpetradores son estigmatizados públicamente y ello constituye un castigo en sí. Finalmente, al identificar a las víctimas y, además, al recordar colectivamente su sufrimiento, se les reconoce su valor dentro de la sociedad y su dignidad (Neier, 2004: 180).
Por el otro, el extractivismo epistémico se refiere a una mentalidad que no promueve el diálogo horizontal e igualitario entre los pueblos, ni se esfuerza por comprender los conocimientos locales en sus propios términos. En lugar de esto, busca extraer ideas de manera similar a como se extraen las materias primas, con el propósito de colonizarlas y subsumirlas dentro de los parámetros de la cultura y la epistemología occidental. Este concepto puede ser desarrollado para destacar cómo el extractivismo epistémico perpetúa la dominación cultural e intelectual. En lugar de valorar y respetar las formas de conocimiento autóctonas, este enfoque las reduce a meros recursos a ser explotados y adaptados a un marco occidental. Este enfoque no sólo despoja a los pueblos de su autonomía epistemológica, sino que también empobrece el conocimiento global al ignorar y subestimar otras formas de entender y relacionarse con el mundo. Un análisis crítico de esta práctica revela que el extractivismo epistémico es una forma de colonialismo contemporáneo. Así como el colonialismo histórico se basaba en la explotación de recursos materiales, el extractivismo epistémico explota los recursos intelectuales y culturales. Esto perpetúa una dinámica de poder desigual donde el conocimiento local es marginado y apropiado sin reconocimiento ni beneficio para sus verdaderos portadores (Grosfoguel, 2016: 132-133).
Para contrarrestar el extractivismo epistémico, se vuelve imperante que la academia comparta los hallazgos de sus investigaciones a través de múltiples y variados formatos y, además, priorice la accesibilidad a sus resultados, particularmente para aquellas personas cuyas historias constituyen la piedra angular de un estudio académico y que encuentran barreras con la alfabetización. Tal y como se ha señalado anteriormente, durante el transcurso de mi investigación descubrí que un número significativo de las mujeres entrevistadas enfrenta desafíos con la alfabetización. Esto hizo crucial la imaginación y concepción de medios alternativos a la palabra escrita para transmitirles los resultados. En ese sentido, el cine sirvió como una herramienta esencial para asegurar que las mujeres que me habían brindado sus testimonios pudieran beneficiarse directamente de los hallazgos de mi estudio.
No compartir los hallazgos de los trabajos académicos con aquellas personas que proporcionaron información necesaria para su elaboración constituye una forma de extractivismo epistémico. Obviar la difusión de los resultados de una investigación con aquellas personas que no tienen acceso a la educación formal contribuye a la percepción de la academia como una «torre de marfil», es decir, como un lugar desvinculado de la sociedad en general y accesible solo para algunas pocas personas selectas, a menudo aquellas que pertenecen a sectores privilegiados de la sociedad.
Este hecho representa un reto a superar por parte de la academia y la obliga a reconsiderar y ampliar las opciones para la democratización del conocimiento más allá de los registros escritos tradicionales. La inclusión de formatos alternativos, como documentales, presentaciones visuales o narrativas orales, puede abrir nuevas vías para la difusión del conocimiento, permitiendo que un público más amplio tenga acceso a los resultados de la investigación. Además, esta estrategia ayuda a que la academia sea más inclusiva y representativa de diferentes perspectivas, promoviendo una mayor equidad en la producción y distribución del conocimiento.
El compromiso con la accesibilidad y la democratización del conocimiento implica reconocer y valorar las contribuciones de todas las personas involucradas en el proceso de investigación, independientemente de su nivel de alfabetización. Al hacerlo, no solo se honra la participación de las comunidades y las personas en la creación de conocimiento, sino que también se desafía el paradigma tradicional de la academia, fomentando una interacción más equitativa y respetuosa entre quienes investigan y quienes proveen la información que sustentan esas investigaciones.
Para contrarrestar el extractivismo epistémico es esencial adoptar una visión inclusiva y accesible en la difusión de los hallazgos académicos, reconociendo la importancia de compartir el conocimiento con todas las partes interesadas y rompiendo las barreras que perpetúan la exclusión y la desigualdad en la academia. Esto implica no solo escuchar y documentar las voces de los grupos tradicionalmente marginados de los anales de la historia, sino también permitir que estas voces ocupen un lugar central en la producción, recepción y validación del conocimiento. Sólo a través de un respeto genuino y una colaboración equitativa se puede avanzar hacia una descolonización del saber que reconozca la riqueza y diversidad de todas las tradiciones intelectuales. Así, las artes visuales, y más específicamente el cine documental, representan herramientas poderosas para contrarrestar el extractivismo epistémico, difundir los resultados de estudios académicos y democratizar el conocimiento.
A través de la representación visual de diversos contextos y la narración de historias de vida, el cine documental puede desafiar las narrativas hegemónicas y ofrecer una plataforma para que aquellas voces que han sido marginalizadas de la historia se expresen de manera directa y sin intermediarios. En ese sentido, el cine documental es crucial para asegurar que los resultados de las investigaciones académicas lleguen a todas aquellas personas interesadas o vinculadas directamente con el tema en estudio, especialmente a aquellas que pueden no tener acceso a la educación formal o a los medios tradicionales de transmisión del conocimiento. Y es que, las artes visuales pueden traducir complejos conceptos teóricos y datos en narrativas accesibles y comprensibles para un público más amplio.
El cine documental, en particular, permite la presentación de investigaciones de manera atractiva y emotiva, lo que puede facilitar una mayor comprensión y empatía. Al utilizar imágenes, sonidos y narrativas personales, los documentales pueden transmitir de manera efectiva la relevancia y el impacto de los hallazgos académicos, haciendo que el conocimiento sea más tangible y significativo para las sociedades, particularmente para aquellas que han experimentado un pasado reciente repleto de graves violaciones a derechos humanos y crímenes internacionales, tal y como es el caso de El Salvador. De igual manera, la democratización del conocimiento implica hacer que la producción y el acceso al conocimiento sean más inclusivos y representativos de diversas perspectivas y experiencias. El cine documental contribuye a este objetivo al proporcionar un medio a través del cual las historias de personas y comunidades que tradicionalmente han sido excluidas del discurso académico pueden ser contadas y escuchadas, tal como es posible observar mediante Añil. Finalmente, al compartir testimonios de violencia extrema de manera visual y narrativa, los documentales no solo difunden los resultados académicos de una investigación, sino que también contribuyen a la sanación, al reconocimiento y a la dignificación de las víctimas.
Por otro lado, recordar y discutir abierta y francamente los hechos que sucedieron en el pasado reciente sirve para desestigmatizar a las víctimas, así como para reprochar conductas sociales que, hasta este momento, son toleradas de forma velada por la sociedad. Implica, además, reconocer que las víctimas no estaban mintiendo, que los hechos sí sucedieron tal y como ellas los han narrado por inverosímiles que éstos suenen. Conlleva, en pocas palabras, a restaurar su dignidad y a devolverles su ciudadanía plena. Por otro lado, permite diseñar políticas públicas para atacar y prevenir el fenómeno de las violencias actuales, ya que a partir de la revisión del pasado reciente es posible conocer los patrones sistemáticos y generalizados de tales abusos y se pueden desarrollar planes en ese sentido.
Conocer lo ocurrido en casos de graves violaciones a los derechos humanos y serias vulneraciones al derecho internacional humanitario es un derecho humano tanto individual como colectivo. Tal y como se afirma en materia de justicia transicional, no es posible pasar la página de la historia sin antes haberla leído y comprendido. Así lo han demostrado en reiteradas ocasiones los miles de víctimas que siguen clamando por verdad, justicia y reparación.
Kellog Institute, Notre Dame.
Phelps, T.G. (2004). Shattered Voices: Language, Violence and the Work of Truth Commissions. University of Pennsylvania Press.
Duke University Press.